¿Avance o retroceso? Las nuevas reglas del juego para cooperativas y economía solidaria 

Óliver Zazueta 

El movimiento de la economía social y solidaria (ESS) vive en el actual sexenio un proceso de cambio en su marco jurídico, luego de una iniciativa de decreto que la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados y que fue aprobada a comienzos de abril. Frente a esta coyuntura, es necesario que este sector asuma posiciones concretas para evadir el peligro de un nuevo corporativismo como el que ya se vivió en México en el siglo XX. 

Estas y otras conclusiones fueron las argumentadas por Juan José Rojas Herrera, académico del Centro Internacional de Investigación e Información de la Economía Pública, Social y Cooperativa (Ciriec), quien impartió la conferencia “Avances sobre los procesos legislativos en economía social solidaria en México” en el XII Foro Internacional de Mutualismo que se celebró en el ITESO. 

Este ajuste legislativo implica varias perspectivas, dilemas y retos, algunos positivos, y otros que entrañan un riesgo o pronósticos reservados. “El movimiento tiene que cuidar su autonomía, los intereses sectoriales y gremiales. Es fundamental comprender qué es lo que está en juego, que es el establecimiento de un nuevo sistema de relaciones entre el estado mexicano y las organizaciones de economía solidaria”, dijo. 

Rojas Herrera explicó que, durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, el mutualismo y el cooperativismo vivieron una especie de divorcio, parálisis y regresión con la administración federal, pues hubo pocas modificaciones en el marco legal –algunas en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y regulaciones estatales en Sonora y Baja California Norte–, que no impulsaron el crecimiento del cooperativismo, sino que provocaron una disminución en las entidades existentes. Lo más destacado fue la publicación de la Ley de Economía Social y Solidaria del Estado de Hidalgo en agosto de 2024. 

“Las pocas reformas que se hicieron tuvieron tiene un espíritu que favoreció el fortalecimiento de muy pocas cooperativas de gran tamaño, y simultáneamente la desaparición de un buen número de cooperativas de ahorro y prestamos, tanto pequeñas como medianas. Creo que la ley debería tener un espíritu más inclusivo y darles espacio a todas las cooperativas”, mencionó. 

La nueva administración que asumió el poder en octubre del año pasado incluyó dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, publicado el pasado 15 de abril, a las mutuales, asociaciones, cooperativas y organizaciones de la ESS como aspectos fundamentales del desarrollo económico y social, reconociéndolas como actores que involucran a más de 14 millones de mexicanos, por ello fue parte de una de las estrategias del documento.  Además, también se dio a conocer, el 4 de abril, el programa Cosechando Soberanía en el marco del Plan México para el otorgamiento de préstamos a los socios de las cooperativas de ahorro y préstamos para impulsar la producción de granos básicos. 

El 13 de marzo, la administración de Sheinbaum envió al Congreso un proyecto de decreto para crear una nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como algunas reformas y derogaciones a la Ley de Economía Social y Solidaria y a la Ley General de Sociedades Cooperativas. 

Estas reformas tienen aspectos relevantes y positivos tales como la creación de un Registro y Padrón Nacional de Cooperativas y la opción de que tanto cooperativas como organismos del sector social de la economía puedan participar en licitaciones públicas y adjudicaciones directas, así como suscribir convenios y acuerdos con los tres niveles de gobierno, aunque solamente podrán hacerlo aquellas que sean certificadas por el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), algo que, a decir de Rojas Herrera, es discriminatorio y anticonstitucional.  

“Esta legislación parte de la desconfianza. No hay confianza, se sospecha desde el principio que pueda haber fraudes en los procesos de proveeduría pública, se está suponiendo que los organizamos de la economía social son defraudadores. Eso no es un buen principio. También advierto un peligro, se puede reeditar una forma moderna de corporativismo sobre el sector social de la economía, esto en México no es nuevo; en el siglo pasado, desde la década de los treinta hasta los noventa, el movimiento cooperativo estuvo sujeto a una relación corporativa con el estado que solo se rompió con la Ley del 94”, mencionó. 

El tema de la certificación puede prestarse a que sólo ciertas cooperativas puedan lograr este aval, mientras que también faltan por definirse asuntos como la vigencia de esta certificación, y los motivos de revocación. Tampoco se sabe si habrá un tratamiento diferente para el registro de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que son el modelo más común en el país. También consideró que hace falta una asimilación a las tendencias mundiales de legislación en el ramo –incluyendo programas de fomento, asesoría técnica y apoyo a sus actividades por parte del Estado. 

“Si creamos un sistema basado en el pragmatismo y la adaptación pasiva, será un sistema que privilegie el tutelaje. Necesitamos un sistema sustentado en la responsabilidad compartida. La interlocución es fundamental y solamente es rica y fructífera cuando está basada en el respeto. En el corto plazo el movimiento tiene que pasar por la toma de posición respecto a este tema de la certificación”, consideró. 

Rojas Herrera explicó que hay un periodo de seis meses para discutir y lograr modificaciones y adaptaciones a esta ley, y para asegurar que las cooperativas tengan posibilidad de impugnar si son rechazadas en la certificación y ser escuchadas en sus razones, estos mecanismos no son sencillos, pero son indispensables y tendrían que estar ahí.  

Opinó que en el tema del mutualismo en México hay un problema de falta de reconocimiento, pues hay muchas cosas que compartir y difundir para que se reconozca adecuadamente y se resuelvan muchos problemas de orden legal, por ejemplo, el hecho de que hay dos leyes federales que lo regulan de forma diferente y contradictoria. “Hay que actualizar y armonizar la ley a nivel federal, pero también tenemos problemas a nivel estatal, hay algunas leyes que ya no corresponden con la realidad contemporánea”, expresó.