Jalisco vive una crisis de derechos humanos sin precedentes

Édgar Velasco

Para nadie es un secreto: desde hace varios años Jalisco gira en una espiral de violencia e inseguridad que se traduce en una crisis en materia de derechos humanos cada vez más profunda.

Y ésta no distingue colores o ideologías: comenzó a tomar fuerza durante los sexenios panistas de Francisco Ramírez Acuña y Emilio González Márquez, se agravó y alcanzó niveles alarmantes durante la administración del priista Aristóteles Sandoval y los primeros tres meses del emecista Enrique Alfaro no han ofrecido elementos suficientes para al menos albergar la esperanza de que la situación vaya a cambiar en el corto plazo.

De todo esto queda constancia en el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2018, esfuerzo encabezado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y cuya presentación tuvo lugar el 4 de abril en Casa ITESO Clavigero. 

Este es el décimo tercer año que el Cepad presenta un informe en el que se revisa el estado de los derechos humanos en la entidad. En palabras de César Pérez Verónica, director ejecutivo del centro, se trata de un esfuerzo por "compartir luchas, sueños, vidas y esperanza. Es un ejercicio de memoria colectiva para decir ‘No pasarán'".

Y es que las violaciones a los derechos humanos son una constante en la historia reciente del país, como hizo constar Luis Arriaga, SJ, rector del ITESO, al hacer uso de la palabra durante la presentación del informe.

El Rector dijo que "México es como un collage multicolor y multiforme que se ha visto manchado por abusos graves en distintos lugares y momentos". Como ejemplos citó las violaciones en materia de derechos humanos que realizaron el ejército y los grupos paramilitares en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a mediados de los años noventa; la ola de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez; las revueltas en Oaxaca, Atenco y Guadalajara, y los casos de Tlatlaya, Tanhuato, San Bernardo, San Fernando y Ayotzinapa.

_{Luis Arriaga, SJ, Anna Langheinrich, Carlos Chávez, José Carlos Toral y Jaqueline Galaviz.}

"Nunca antes como ahora Jalisco había figurado como hoy en esta lista de atrocidades. La cantidad creciente de ejecuciones y feminicidios, los desaparecidos, los tráileres con cadáveres, las amenazas de despojo a los territorios indígenas y la impunidad son muestra de una crisis de derechos humanos sin precedentes", dijo Arriaga. 

La importancia del informe del Cepad, añadió, radica en que es necesario hacer visibles las violaciones a los derechos humanos, que casi siempre ocurren en lugares lejanos u ocultos.

"Estamos ante una crisis tal que no podemos ignorar el papel de la sociedad y de las universidades, en particular una universidad confiada a la Compañía de Jesús. El ITESO debe tomarse en serio la búsqueda de la justicia en una crisis que rebasó la empatía", dijo.

El Rector anunció que está empujando la creación de una nueva instancia dentro de la universidad que se encargue de trabajar en atender la crisis, estudiarla y proponer respuestas "para colaborar y caminar hombro con hombro con la sociedad para hacer de los derechos humanos y la justicia una realidad en el país". 

La presentación del informe del Cepad contó con la participación de sus autores: Carlos Chávez, de la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (AJAGI); José Carlos Toral, periodista, y Jacqueline Galaviz, integrante del colectivo feminista Calle sin Acoso Guadalajara, quienes compartieron algunos aspectos generales de sus colaboraciones.

Carlos Chávez habló sobre la lucha que está librando la comunidad tepehuana de San Lorenzo Azqueltán, en el norte de Jalisco, para que les restituyan las tierras de las que fueron despojados aun cuando contaban con títulos de reconocimiento desde la Colonia.

Explicó que se han ido articulando las redes para plantar lucha al crimen organizado y fue enfático al declarar que "la defensa de los derechos humanos ya está más allá de solo emitir comunicados solidarios. Ya es necesario actuar y dar seguimiento a las acciones, porque el tipo de poderes arraigados que hay no van a soltar las cosas por la buena". 

José Carlos Toral realizó un texto sobre la protesta social durante el año pasado en la entidad. De acuerdo con datos de la Secretaría General de Gobierno, en 2018 se realizaron 186 manifestaciones que fueron motivadas por la inseguridad, conflictos de tierras, la contaminación, los derechos laborales, el transporte público y la exigencia de servicios básicos.

De ese total —porque es probable que muchas otras no fueron reportadas o contabilizadas— sólo tres se realizaron fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara, lo que muestra un centralismo en el trabajo de las autoridades.

"Las personas tienen que venir a protestar aquí para hacerse escuchar, porque las autoridades no van a donde están los problemas", dijo Toral.

Agregó que desde su análisis alcanza a vislumbrar tres temas que continuarán generando protestas durante 2019: la desaparición de personas, la lucha de las mujeres por sus derechos y contra la violencia de género, así como el medio ambiente y el crecimiento urbano. En ese sentido, añadió, es fundamental "organizarse, protestar, resistir y evitar que haya retrocesos en materia de derechos humanos". 

En lo relacionado con los temas de violencia de género, Jacqueline Galaviz señaló que aun cuando existe un mecanismo para atender los casos de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, éste no ha sido ni emergente ni expedito.

Explicó que a pesar de que Jalisco es el único estado del país que cuenta con dos alertas activas, una federal y una estatal —"el gobierno de Aristóteles Sandoval se autoalertó", dijo Galaviz—, los avances son muy pocos y la violencia sigue creciendo: en lo que va de 2019 han sido asesinadas 54 mujeres, pero sólo cuatro casos han sido reportados como feminicidios.  

César Pérez enfatizó que, "sin olvidar los sexenios panistas, el de Aristóteles Sandoval será recordado por la violencia extrema en todo el estado".

El director del Cepad señaló que hay avances relacionados con la protesta social y la movilización, pero no se ha logrado un impacto social significativo.

"Consideramos que el dolor no ha sido suficiente para mover a una sociedad paralizada por el miedo y, sobre todo, por la indiferencia", señaló Pérez Verónica, quien exigió al nuevo gobierno estatal que garantice la participación de expertos independientes en la atención de la crisis e hizo un llamado al Poder Legislativo para que salde la deuda histórica que tiene con la sociedad y eleven el estándar del marco jurídico que rige en el estado.