El acceso al agua atraviesa una crisis de legalidad

Adriana López-Acosta

"Las transnacionales han tomado como patio trasero a América Latina, y los gobernantes lo han permitido, agotando nuestros recursos hídricos", dijo Javier Bogantes, presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua, a los asistentes a la clase pública organizada por las maestrías en Ciudad y Espacio Público Sustentable y en Proyectos y Edificación Sustentable, y el Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social (Cifovis) del ITESO.

Bogantes, junto con otros defensores de los derechos al agua, creó hace 20 años el Tribunal Latinoamericano del Agua, el cual interviene en conflictos de localidades con un modelo de ética exigente y justicia alternativa que, a partir de la aplicación de principios científicos y técnicos, actúa ante la crisis socioambiental que se vive en diferentes regiones de América Latina.

La manera en la que este tribunal interviene, explicó, consiste en dictar veredictos que se entrometen con la soberanía de los países, "porque normalmente tratamos conflictos que se dan con empresas de diferentes países o gobiernos de América Latina que legalmente están asentadas en zonas hídricas, pero no están cumpliendo con las normativas o hasta la constitución".

El experto abundó que "estos proyectos son legales, pero ilegítimos", de tal modo que "si una institución, por más legal que sea, aprueba proyectos que atentan contra los ciudadanos, es ilegítima. Y están poniendo en peligro lo más importante para nuestra supervivencia, que son el agua y la tierra".

Esta crisis de legalidad, dijo, tiene variantes distintas: el capitalismo, la economía neoliberal, las diferentes posturas ideológicas y, fundamentalmente, la noción que el ser humano tiene del mundo.

Estos proyectos hidroeléctricos, petroleros, mineros o de monocultivos se hacen con un concepto de legalidad. Son legales y aprobados por estudios de impacto ambiental orquestados por los gobernantes que otorgan el permiso, o las compañías transnacionales que se instalan en regiones, muchas veces, de pueblos indígenas, a quienes les quitan sus tierras y recursos con la promesa de trabajos y bonanza económica.

"Hemos creído que todo lo que nos rodea está ahí para servirnos. Lo dice hasta la Biblia. Y es lo que hemos hecho, hasta acabar por destruirlo. Somos más estúpidos que cualquier organismo unicelular, porque estamos usando la técnica que tenemos para destruir nuestro planeta", comentó Bogantes.

El especialista afirmó que cualquier proceso sistémico como lo es el uso del agua debe contar con las cinco "e": ecológico, ético, estético, eficiente y efectivo.

"Podemos tener normativas maravillosas, pero de eficacia a eficiencia hay problemas de aplicación de la ley, de perversión y problemas políticos en los que las leyes que están para defender los derechos al agua no están funcionando".

De los 90 casos atendidos por el Tribunal Latinoamericano del Agua, el problema número uno tiene que ver con la contaminación agroindustrial. Le siguen las industrias extractivas y los embalses y trasvases de agua.

"Se han invertido millones en tratados internacionales con el tema del cuidado ambiental y del agua, pero hemos visto que no se cumplen. Y no hay posibilidad coercitiva para que lo hagan. Lo que hacemos es devolverles estas reglas que ellos mismos han creado", finalizó.