Las personas desaparecidas no deben convertirse en un archivo
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Las personas desaparecidas no deben convertirse en un archivo
AI plantea establecer un mecanismo de búsqueda e investigación exhaustiva, imparcial y pronta de los casos reportados, y reconocer el derecho de los familiares a una participación plena en las investigaciones.
Graciela Larios y Rosa Gutiérrez
"Los familiares que quedan detrás de una persona desaparecida enfrentan serias dificultades materiales y deben asumir cambios en su forma de vida, incluyendo tomar otros empleos para sostenerse e incluso se ven forzadas a cambiar de lugar de residencia", refiere el informe de Amnistía Internacional (AI) "Un trato indolente. La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México", presentado en la Casa ITESO Clavigero el pasado 15 de enero.
El documento registra 27 mil 638 casos, a partir de 2006, entre los que se encuentran la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa y la situación que enfrentan las miles de familias pidiendo justicia.
"El tema de las desapariciones forzadas es histórico en México. Las primeras organizaciones de la sociedad civil que se formaron en los años setenta eran para buscar a los desaparecidos durante la guerra sucia", comentó Carlos Peralta, coordinador del Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz del Centro de Investigación y Forma Social (CIFS) del ITESO, durante la presentación del informe.
Agregó que el trato que las autoridades encargadas de la investigación brindan a las familias es deficiente, hiriente y de un profundo desinterés.
"El ITESO, a través del Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz, está en contacto con familiares de las personas desaparecidas y les apoyamos con lo que nos piden. Una de las peticiones fue el pronunciamiento público por escrito sobre la situación de familiares que recibieron las cenizas de sus ‘desaparecidos' sin pruebas de ADN previas", comentó Peralta.
El informe plantea tipificar la desaparición forzada como delito, de acuerdo con los más altos estándares internacionales; establecer un mecanismo de búsqueda exhaustiva de personas reportadas como desaparecidas; investigar exhaustiva, imparcial y prontamente los casos actuales de personas desaparecidas, y reconocer el derecho de los familiares a una participación plena en las investigaciones.
Los derechos humanos violados de las víctimas de desaparición son: libertad e integridad personal, a la vida, y el reconocimiento a la personalidad jurídica.
El límite al acceso a la educación, la imposibilidad de tratar problemas de salud y los problemas económicos son algunas de las afectaciones que padecen los familiares de personas desaparecidas.
Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo; Rosario Cervantes, madre de Osvaldo Javier Hernández Cervantes, un joven desaparecido en Jalisco; Erika Guevara, directora para las Américas de AI; Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI México, y Calos Azueta, investigador para México de AI estuvieron durante la presentación del informe.
"El fenómeno de las desapariciones de personas, incluyendo la desaparición forzada, continúa siendo de especial preocupación en México. A la fecha, no se han logrado cambios estructurales significativos que permitan asegurar el acceso a la verdad, justicia y reparación del daño por estos casos, así como a poner fin a este fenómeno y asegurar su no repetición", concluye el documento.
El informe de AI puede consultarse en http://goo.gl/270gTi.