No hay certeza de la cantidad de desaparecidos

Montserrat Muñoz

Ante la crisis de violencia que sufre el país y la ola de desapariciones que comenzó en 2007, la creación y expedición de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas fue un escalón más en la lucha por poner a las víctimas al centro de la discusión. 

"Las familias de las personas desaparecidas afirman que el objetivo no es la ley. El objetivo es encontrarlas. Saben que en México las leyes no van a resolver las cosas, pero también que son un instrumento indispensable para avanzar en soluciones", asentó Paulina Cerdán Corona, directora ejecutiva del Centro de Colaboración Cívica (CCC).

Durante su conferencia "La lucha contra la desaparición de personas en México. El aporte de las víctimas a la construcción de paz", dictada en el marco de las Jornadas Universitarias por la Paz, que se llevan a cabo del 24 al 28 de septiembre en el ITESO, la egresada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales  comentó que a pesar de que las desapariciones forzadas se han registrado en el país desde el decenio de los sesenta, no fue sino hasta 2017, con la promulgación de esta ley, que se tipificó este delito, así como la figura de desaparición cometida por particulares. 

Esta última es exclusiva de la ley mexicana que corresponde al contexto que hoy día se vive. De acuerdo con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el delito de desaparición forzada es la privación de la libertad de una o más personas cometida por agentes del estado o por grupos que actúan con la autorización o apoyo del estado, seguida de la falta de información o negativa para reconocer esa privación de la libertad o informar sobre el paradero de la persona.  

"Pero muchas de las desapariciones se generan a partir de acciones del crimen organizado. Ante esta problemática, uno de los principales reclamos de los familiares era tipificar el delito de desaparición por particulares, lo cual significa que un particular, es decir, una persona que no forma parte del estado, desaparezca a mi familiar. Eso permite mayor cobijo jurídico para la investigación de los casos", señaló Cerdán Corona. 

Uno de los obstáculos para el proceso de la construcción de ley, en el que organismos civiles nacionales e internacionales acompañaron y facilitaron el diálogo entre colectivos de familias integrados en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y las autoridades legislativas, fue la falta de registros veraces, precisos y confiables no sólo sobre las víctimas, sino también sobre los delitos. 

A pesar de ello, "los datos nos permiten tener un panorama general y entender la magnitud de la crisis en la que estamos", señaló.

"En los últimos once años, hay un estimado de 36 mil 743 desaparecidos a nivel nacional, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED)", dijo la directora del CCC, a la vez que aclaró que este dato podría reflejar sólo una tercera parte del total de desaparecidos debido a la falta de denuncias. 

A ello se suma la poca solvencia del gobierno para atender el tema. "Estamos en una situación muy compleja donde tienes, preliminarmente, 36 mil desaparecidos y 35 mil cuerpos sin identificar en el país, y no tienes capacidades suficientes en las instituciones para identificar y procesar estos cuerpos", asentó Cerdán. 

Asimismo, refirió que un antecedente importante para la construcción de esta ley fue la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en 2014 y el impacto que tuvo este caso a escala nacional.

"Esto dejó ver que las desapariciones no son casos aislados, sino una violación sistemática y generalizada en el país. Siguen ocurriendo todos los días y eso tiene retos muy grandes", dijo. 

Sin embargo, reconoció que más allá de que se haya logrado la ley, lo emblemático reside en cómo se construyó, por medio de mecanismos de participación con el Senado de la República, logrando "una oportunidad de esperanza en medio de la tragedia que viven estas familias", concluyó.